La deuda pública corresponde a los montos de dinero que un país debe endeudarse si la recaudación fiscal no le permite financiar los gastos en los que incurre para cumplir con mantener el aparato burocrático del estado, y cumplir los programas propuestos de desarrollo social y productivo. Internacionalmente se utiliza como parámetro para presentar dicha deuda un indicador que corresponde al porcentaje de ella respecto del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
La deuda pública de Chile al año 2018 es de un 25,6% del PIB y ha venido creciendo en la última década, toda vez que llegamos a valores de 8% durante el año 2008, sin embargo, sigue siendo baja respecto del promedio de los países OCDE.
Chile se precia de disponer de una política fiscal que se enfoca en reducir al mínimo dicho porcentaje. Responsabilidad fiscal la llaman. Lo que orgullosamente se expone como fortaleza del sistema económico y social de nuestro país, algo que llevó al Presidente de la República a declamar a los cuatro vientos, en octubre del año pasado, que nuestro país era un oasis en América Latina y un ejemplo para el mundo.
Pues bien, ¿cómo es posible reducir dicho porcentaje? Simple, mantener controlada la expansión del gasto público y aumentar el PIB de la nación, mayor valor de los productos y servicios generados en el país, implicará mayor ingreso fiscal, vía impuestos y mayores utilidades de empresas estatales, CODELCO, por ejemplo. Un segundo componente del ingreso fiscal es vía tasas de impuestos, luego mayores tasas a las empresas, personas, riquezas, permitirán más dinero en la billetera fiscal, lo que generará un mayor ahorro que permitirá amortizar en mejor medida la deuda púbica y disminuirla en el tiempo.
Lo anterior, implica más y mejor producción de bienes de exportación y de consumo interno, lo que sólo se logra con aumentos de los niveles de demanda internos y externos. Ello requiere disponer de productos externos de alto valor agregado (no es nuestro caso) o en su defecto de materias primas (es nuestro caso) que pasen por ciclos de bonanza internacional, cosa que nos ha ocurrido en el último tiempo. El consumo interno se ha mantenido al alza apoyado en gran medida por el endeudamiento personal y la capacidad de mantener como paradigma societario el individualismo.
Chile ha cumplido en parte con aumentos del PIB por ampliar su matriz de productos de exportación, bonanza en precios de materias primas principalmente cobre, fruta, vinos y madera y una expansión creciente de la demanda interna. Respecto de impuestos, se han hecho algunas modificaciones que permiten recaudar algo más en los últimos años, aportando recursos adicionales a la billetera fiscal.
Existe una segunda componente de la ecuación; el gasto público y dentro de él se encuentra todo aquello que apunte a mejorar la calidad de vida del pueblo chileno, educación, salud, seguridad social, vivienda digna, ciudades amigables con los ciudadanos, disponibilidad de esparcimiento, respeto por el medio ambiente, obras públicas por nombrar algunos. Aquí definitivamente no hemos cumplido ni siquiera coun mínimo que permita vida digna, ejemplos tenemos por montones, la educación pública está reducida a la mínima expresión, salud de calidad sólo para aquellos que pueden pagarla, de vivienda digna ni hablar, poblaciones construidas en los extramuros de las ciudades, de mala calidad, de tamaños que impiden cualquier tipo de vida familiar, sin áreas verdes ni lugares de esparcimiento, pensiones miserables y regidas por un sistema de ahorro personal forzoso y sometida a los vaivenes del mercado financiero, altos niveles de contaminación ambiental y zonas de sacrificio, desigualdad abismante, obras públicas concesionadas. Podríamos seguir enumerando una larga lista de deudas del Estado para con su pueblo.
La deuda publica chilena se encuentra en estos valores, principalmente, producto de una inversión social del Estado chileno constantemente baja en las últimas décadas, esto implica que el costo de mantener estos bajos niveles de porcentaje de deuda pública respecto del PIB ha sido a costa del pueblo y la no satisfacción de sus necesidades básicas con un mínimo de dignidad. Expandir el gasto público en pos de mejor calidad de vida del pueblo chileno se ha postergado, en aras de mejores indicadores macroeconómicos. El consuelo -se nos ha dicho- es que tendremos ahorros o capacidad de crédito a tasas preferenciales ante emergencias y podremos sortearlas con éxito y sin grandes penas, hoy vemos la triste realidad.
Necesitamos, ante la evidente y compleja realidad que vivimos como sociedad, que nuestro Estado aumente la inversión social, pensando en las personas, no en las cifras e indicadores económicos.
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